| Desoyendo los reiterados llamados al dialogo del gobierno de Evo Morales, el pasado viernes la “oligarquía de la media luna” llevó adelante cuatro “cabildos” públicos- en la localidad de Santa Cruz de la Sierra, Tarija, Pando y Beni- para expresar su rechazo a la nueva Constitución política del país que va a surgir gracias al trabajo de la Asamblea Constituyente. Los prefectos del oriente boliviano argumentan su rechazo a la futura Nueva Carta Magna (elemento vital para poder refundar la estructura colonialista de la sociedad boliviana) en el hecho que esta, según su opinión, ignora los pedidos de autonomía de los departamentos. Asimismo también demandan que la misma funcione por intermedio un sistema de votación por intermedio del cual sea necesario el aval de dos tercios de los asambleístas para aprobar los distintos artículos constitucionales. Es necesario recordar que, de acuerdo a lo votado en pleno de la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución va a ser sancionada a través de mayoría absoluta. Es necesario remarcar un hecho de las manifestaciones realizadas el viernes pasado, que nos va a permitir conocer cuales son las verdaderas intenciones de la oligarquía cruceña, que esconde su discurso conservador detrás del pedido de mayor autonomías departamentales. El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, les leyó a sus seguidores los once puntos que según su opinión deben ser los lineamientos generales del modelo autonómico. Entre ellos sugirió que las autoridades regionales deben ser las encargadas de definir sus propias políticas sobre la distribución y tenencia de las tierras. Esta iniciativa lo único que busca es defender el latifundio (algo característico en la zona) y entorpecer el normal funcionamiento de la flamante ley de Reconducción Agraria, que estipula la reversión al Estado de todas aquellas tierras que no cumplan una función económico social concreta. Además de este hecho, es importante remarcar que en el marco de la realización de los cabildos varios militantes del partido de gobierno -Movimiento al Socialismo (MAS)- fueron maltratados y heridos. Leonardo Tamburini, asesor del Centro de Estudios jurídicos e Investigaciones Sociales (Cejis) relató que en los poblados de Concepción, Ascensión, ciertos grupos se encargaban de identificar a aquellos que tenían “rostro andino” y de rodillas los obligaban a jurar fidelidad al Comité Cívico- o de lo contrario eran azotados-. “Los procesos de titulación de tierras en la Chiquitania dejaron cuentas pendientes que algunos terratenientes quieren cobrar. Ése es el verdadero motivo de estos hechos”, señalo Tamburini. Estos aberrantes sucesos nos demuestran que el discurso “separatista” que pregona la oligarquía de oriente, lo único que busca es fomentar el odio entre los mismos bolivianos: para así dividir al país, entorpecer el proceso de cambio llevado adelante por el gobierno de Evo Morales y quedarse con el control de los recursos naturales. Volviendo a la controversia surgida en torno al sistema de votación, para destrabar la “crisis” el gobierno de Evo Morales se mostró predispuesto a que la Asamblea Constituyente funcione por intermedio de una suerte de sistema mixto: que llevaría a que algunos artículos se sancionen a través de la mayoría absoluta y otros con el aval de dos tercios de los constituyentes. Los principales referentes de la oposición, siguiendo la posición “belicosa” que han mostrado desde que comenzó el conflicto, decidieron rechazar esta propuesta. Es más el día de ayer decidieron reunirse en Tarija, para así comenzar con la elaboración de un Estatuto Autonómico. Asimismo los Prefectos de Santa Cruz de la Sierra-Rubén Costas-, Tarija- Mario Cossio-, Pando- Leopoldo Fernández- y del Beni Ernesto Suárez; determinaran las funciones de de la Junta Autonómica creada el diez de diciembre pasado. En declaraciones al diario boliviano La Prensa, el secretario general de la Prefectura santacruceña, Carlos Dabdoub, anunció que si no se aprueba la Constitución por dos tercios, ni el régimen autonómico propuesto en el cabildo del pasado viernes, los prefectos están autorizados a: “presentar el estatuto autonómico para que sea aprobado en un referéndum departamental”. A su vez el funcionario señaló que en la reunión de Tarija también se va a comenzar a: “Trabajar en la redacción de un texto constitucional alternativo al que vaya desarrollando la Asamblea Constituyente, a efectos de proponer algunas modificaciones”. Obviamente que esta propuesta, que es “inconstitucional”, provocó un gran rechazo en el seno de la sociedad boliviana. Para el Viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, esta iniciativa da a entender que a la derecha “le importa poco lo que resuelva la Asamblea. Es una señal que devela el poco interés que tiene la dirigencia cívica en el cónclave”. Hasta ciertos constituyentes de la oposición salieron a cuestionar la separatista propuesta de la “media luna”. Uno de ellos fue el representante del partido Unidad Nacional, Jorge Lazarte, quien señaló que si esa “constitución alternativa” que propugnan los cívicos va a ser presentada ante la Constituyente, no está prohibida ya que cualquier institución o persona puede presentar propuestas para su análisis. Sin embargo aclaró que si este texto tiene la función de presionar el normal funcionamiento de los debates que se están llevado a cabo en la ciudad de Sucre, no es democrático ni legal, ya que “la Asamblea Constituyente no puede aceptar por ningún lado nada que le fuera impuesto desde afuera. La Constituyente es la única instancia que tiene la facultad de aprobar el nuevo texto constitucional sin ningún tipo de condicionamientos o imposiciones”. Los representantes de la “vieja política”, que se escondieron en los gobiernos departamentales luego de la gloriosa manifestación popular de octubre de 2003, pareciera que están empecinados en poner trabas al proceso de cambio social llevado adelante por el presidente Evo Morales. El gobierno del MAS no debe reaccionar de manera intolerante ante las provocaciones de la derecha, ya que de esta manera le estaría haciendo el juego a la oligarquía, que lo único que busca es dividir al país para así preservar en su poder el monopolio de los recursos naturales. Hoy más que nunca, el gobierno de Morales debe recurrir al respaldo masivo de las organizaciones sociales para así preservar la unidad del país y continuar con el cumplimiento de las pautas sociales que el mismo se plantea. mmongan@prensamercosur.com.ar | 
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